GIRO A LA IZQUIERDA, INDEPENDENCIA E INTEGRACIÓN
José Cademartori *
Abril 2006
El giro a la izquierda, tendencias y peligros
Que hay un giro a la izquierda en la política de América Latina, en comparación con el decenio de los noventa, es algo difícil de negar. Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Haití son los casos más notorios, pero no los únicos. Es un proceso que irrumpe al inicio del siglo XXI con la victoria de Hugo Chávez y sigue con las elecciones de Lula, Kirchner, Tabaré Vásquez y Evo Morales. En la misma línea se inserta el contundente triunfo de René Preval, la altísima votación de un candidato contrario al TLC en la tranquila Costa Rica, los avances del F. Farabundo Martí en El Salvador y de los sandinistas en Nicaragua. Nuevas expresiones de esta tendencia cabe esperar en uno o más de los próximos eventos electorales en el 2006, en Perú, México, Ecuador, Nicaragua o Brasil.
El actual giro a la izquierda tiene sus raíces en el malestar generalizado de extensos estratos sociales excluidos o postergados. Así lo testimonian las innumerables y masivas expresiones de resistencia contra las consecuencias del libre mercado y la globalización transnacional y en repudio a “la clase política” y sus instituciones, cada vez más alejadas de sus representados. La profunda crisis económica y social de los últimos veinte años del siglo - aumento del desempleo, indigencia extendida, desigualdades crecientes, desmantelamiento de servicios públicos, incremento y mal uso de la deuda externa – se transformó en crisis política. Políticos otrora poderosos como C.A. Pérez, Menem, Sánchez de Losada y Fujimori, fueron ignominiosamente derribados por la presión popular. Varios Presidentes fueron obligados a renunciar en medio de rebeliones populares. Partidos de larga vigencia como Acción Democrática y el COPEI en Venezuela, el MNR en Bolivia, Colorados en Uruguay, el PRI de México, perdieron drásticamente sus bases de apoyo. El giro se ha expresado en el surgimiento de nuevos líderes de extracción popular, en el papel protagónico de movimientos sociales inéditos y en el acceso al gobierno, con apoyo ciudadano mayoritario o relativo, de frentes, movimientos o partidos de trayectoria de antiguo o nuevo ideario izquierdista.
Desde luego, los nuevos regímenes están sometidos al ataque graneado de los partidos desplazados y del gran capital nacional con sus poderosos recursos mediáticos, los cuales buscan minar el apoyo ciudadano y sustituirlos por gobiernos que restablezcan la “normalidad anterior”. Washington no oculta su disgusto por el curso de los acontecimientos y apunta sus fuegos a lo que llaman “el eje del mal”, Cuba-Venezuela-Bolivia . Urden todo tipo de maniobras en su contra, con la complicidad de sus aliados más afines como Uribe, Fox y Toledo. Presiona a los demás gobiernos, con exigencias o halagos, para alinearlos junto a sus intereses mundiales y regionales. Particular atención pone en Brasil, Chile y Uruguay, a los que considera gobiernos “moderados”, con miras a evitar su radicalización y contraponerlos a la orientación latinoamericanista de Cuba, Venezuela, Bolivia y hasta cierto punto Argentina. Bush consiguió algunos éxitos como los TLC bilaterales, ya en funcionamiento con México y Chile y otros, en diverso estado de avance con Centroamérica, República Dominicana, Perú, Colombia y Ecuador. Logró que algunos gobiernos respaldaran la invasión de Irak y enviaran tropas auxiliares a Afganistán e Irak. Obtuvo que Brasil, Argentina y Chile enviaran tropas a Haití, aunque no consiguió su objetivo de torcer hacia la derecha la voluntad de los haitianos. Logró la autorización para la instalación de bases militares en Ecuador y Paraguay, con inmunidad judicial para sus tropas. Pero, también Bush ha cosechado sonadas derrotas como el intento de condenar a Venezuela en la OEA, la negativa a unificar o coordinar los ejércitos bajo el Pentágono, la pérdida de su favorito como Secretario General de la OEA y el fracaso del ALCA en la cumbre de Mar del Plata.
Izquierda, derecha y centro
El giro a la izquierda reactualiza los conceptos de “izquierda” y “derecha”, los que son objeto de diversas interpretaciones. Hay quienes sostienen que ya no tienen vigencia. Algunos prefieren el término “populista” para descalificar a los gobiernos o las medidas que rechazan el recetario neoliberal y proyectan nuevas alternativas. La derecha política se autodenomina de centro-derecha para camuflar su relación con la plutocracia y ampliar su espectro electoral. Sin embargo, los términos izquierda y derecha vuelven a ser utilizados. Ellos designan, aunque de un modo simplificado, el continuo alineamiento en dos bandos que caracteriza la lucha política, sobre todo en medio de la crisis de poder y en los momentos álgidos. Y, como bien sabemos, la política es la expresión concentrada de los intereses sociales y económicos de las dos principales clases en pugna en el capitalismo, lucha que, en diferentes ámbitos y con diversa intensidad, se prolonga durante todo el período de tránsito hacia una nueva sociedad. Por otro lado es importante tener en cuenta a las capas medias, antiguas y nuevas, cuyos líderes y partidos disputan el poder, sea intentando una difícil equidistancia de ambos polos o bien, inclinándose a uno u otro bando, según quien tenga más fuerza. En algunos de los nuevos gobiernos, al lado de sectores izquierdistas que los apoyan hay un mayor peso de corrientes centristas y aún de derecha. En otros, predominan las fuerzas de izquierda, con presencia de sectores de centro.
En los debates al interior de la izquierda se manifiestan dos tendencias extremas, pero igualmente negativas. Una, asimilable a la socialdemocracia europea que estando en la oposición critica el modelo neoliberal, pero una vez en el gobierno abandona las críticas y las reformas prometidas y cede, a las exigencias de Washington y las oligarquías internas. Esta corriente designada también como “moderada” o renovada se permite apenas atenuar los efectos negativos de las políticas ortodoxas, mediante cambios superficiales o medidas asistenciales a favor de grupos minoritarios. La tendencia “moderada” puede afianzarse durante algún tiempo, pero a la larga frustra las esperanzas de los pobres y excluidos que terminan por repudiarla. La derrota puede afectar a la propia izquierda consecuente, sea que esté dentro o desde fuera del gobierno, si se muestra pasiva o incapaz de rectificar, con el apoyo de masas, el rumbo de la coalición gobernante. La otra corriente, a la que podemos llamar “extremista”, pretende identificar la izquierda sólo con medidas inmediatas de un supuesto carácter “socialista”. (expropiaciones, hostilidad a los empresarios pequeños y medianos, reivindicaciones económicas insostenibles, supresión del mercado, etc.) Esta corriente desestima la correlación de fuerzas, la capacidad del enemigo de clase y el estado de conciencia, organización y ánimo de las grandes masas. El ultrismo de izquierda niega dogmáticamente la necesidad de acciones comunes o alianzas con sectores de centro que permitan consolidar la base política para ulteriores avances. La izquierda sectaria, es casi por definición una corriente con cierto ruido, pero con escaso apoyo de masas. Aunque carece de viabilidad, puede generar consecuencias negativas que frustran las posibilidades de derrotar a los enemigos principales, al fomentar la división y debilitar las fuerzas del frente antineoliberal que hoy se necesita.
La Unidad Popular, compendio de aciertos y errores
La historia del gobierno de la Unidad Popular nos dejó lecciones que pueden servir para esta discusión. Para ello es necesario tener en cuenta algunos hechos básicos. El triunfo electoral de Allende fue un triunfo relativo, (el 36% del electorado) lo que hace una importante diferencia con la magnitud de las victorias de Chávez, Tabaré Vásquez y Evo Morales. En Chile no había otra alternativa que pactar con la democracia cristiana para ratificarlo en el Congreso. En todo caso, el no tener la mayoría absoluta no nos inhibió para llevar a la práctica en tres años, buena parte del programa comprometido, haciendo uso de las atribuciones presidenciales. Así nuestra minoría fue creciendo de modo que en las elecciones nacionales de 1973, aumentamos el caudal de sufragios hasta el 44% y del mismo modo, la representación parlamentaria, curso que de no haberse interrumpido por el golpe, habría permitido alcanzar la mayoría absoluta en 1976. Nuestros adversarios no tuvieron dudas que estábamos construyendo los primeros pilares de una nueva economía y una nueva sociedad, y por eso no se arriesgaron a esperar hasta 1976 y después de Marzo de 1973 lanzaron con todo a la preparación del golpe.
Una primera lección es que no supimos resolver el problema de la estabilidad y continuidad democrática de este primer gobierno izquierdista en nuestra historia. Era cierto que contamos con el respaldo de la mayoría absoluta en la calle para realizar la nacionalización del cobre, democratizar la banca, nacionalizar la telefonía y otras industrias básicas, así como para impulsar a fondo la reforma agraria y para dictar no pocas leyes de beneficio social. Pero no tuvimos el apoyo parlamentario para legislar sobre otros importantes temas, como sancionar los delitos económicos, efectuar la reforma tributaria, consolidar las tres áreas de la economía, institucionalizar la participación popular y los cambios democráticos en el sistema judicial. La mayoría en el Congreso era necesaria también para aplicar el estado de sitio y otras medidas de excepción para aplastar los actos terroristas, las campañas mediáticas subversivas y el sabotaje de que fuimos objeto. Es decir, se necesitaba una mayoría política democrática con base de masas más allá de la UP, para aislar e impedir los designios de la derecha golpista. Los acuerdos con partidos de centro eran viables, al menos en un comienzo, dadas las coincidencias programáticas con la democracia cristiana, aunque dentro de ella convivían demócratas y progresistas junto con reaccionarios y golpistas. Al no concretarse esos acuerdos, la derecha tuvo el campo libre para atraer a la mayoría DC a sus planes subversivos. A medida que crecía el peligro del golpe, Allende estuvo dispuesto a hacer algunas concesiones a la DC para consolidar las reformas estructurales realizadas y asegurar la continuidad democrática. Como es sabido, algunos partidos de izquierda se opusieron tajantemente a los esfuerzos de Allende por llevar adelante esa estrategia, con el argumento de que la democracia cristiana y no la derecha golpista, era el enemigo principal. Asimismo se opusieron a la colaboración con el general Prats y los militares constitucionalistas quienes, mientras estuvieron en funciones dieron pruebas de capacidad para defender la seguridad interna, fueron leales al Presidente y aceptaron el programa de gobierno; a la vez, no estaban dispuestos a excederse del mismo y exigían el fin de las acciones provocadoras promovidas por la ultra izquierda (y por elementos infiltrados) y que afectaban a las capas medias.
Otra lección que nos dejó la Unidad Popular es la necesidad de mantener la unidad de la izquierda en torno al programa comprometido y a los liderazgos reconocidos. Es la exigencia más profunda, no siempre cumplida, de las grandes masas del continente cuando gritan a todo pulmón: “la izquierda unida jamás será vencida”. El programa tiene importancia porque define la estrategia para unas condiciones determinadas. El intento voluntarista de ir más allá para “apurar el proceso”, sin tener en cuenta las condiciones objetivas o, en el otro polo, renunciar al compromiso de cambiar el modelo neoliberal y congraciarse con sus profitadores, resultan en ambos casos, funestos. Las diferencias sobre tácticas o medidas concretas en relación al programa no debieran acallarse, pero sí mantenerse en los marcos del respeto debido a las personas, a las promesas y a los métodos acordados para resolver las diferencias. Para cumplir el programa es decisivo el apoyo mayoritario de los trabajadores de la ciudad y del campo, el cual sólo se puede asegurar mediante la participación informada, masiva, organizada y activa de sus bases sociales y políticas frente a todas y cada una de las decisiones gubernamentales, en su implementación y control.
Chile actual, ¿centroizquierda o centroderecha?
Para comprender la “excepcionalidad“ de Chile con respecto al panorama latinoamericano actual, hay que recordar los diecisiete años de la dictadura pinochetista. La implantación duradera del sistema neoliberal no habría sido posible sin el terror masivo, el aniquilamiento de toda una generación de valiosos cuadros, el aplastamiento de toda disidencia, la liquidación de las leyes de seguridad social y de la base productiva industrial, la erradicación de la memoria histórica y la renuncia de los ideales socialistas de una parte importante de sus dirigentes. Desde el fin de la dictadura Chile es presentado erróneamente como ejemplo de izquierda moderada, como el exitoso modelo a seguir en el continente. El sustento de este modelo es un bloque de clases que va desde los multimillonarios hasta capas medias ascendentes que influye en sectores populares, algunos ilusionados con un futuro mejor y otros resignados a lo que hay. La derecha y una parte de la concertación concuerdan en lo esencial de la institucionalidad pinochetista y la ideología neoliberal. Las transnacionales y los grupos financieros locales son los grandes beneficiados del modelo chileno, pues sus elevadas tasas de ganancias y la acelerada acumulación de riquezas en sus manos, su penetración ideológica e influencia política, nunca habían sido tan grandes como ahora. Pero, la derecha política y económica chilena está al acecho, siempre teme perder sus privilegios y se siente con capacidad de reasumir todos los poderes del estado. Estuvo muy cerca de lograrlo por vía electoral en 1999 y en el 2005. Sus partidos, Udi y Renovación Nacional, ejercen una influencia desproporcionada en la política nacional. Para ello disponen de recursos ilimitados para comprar voluntades y se valen de los grandes capitalistas que dictan la pauta en los monopolizados medios de comunicación. Los altos quórum que Pinochet impuso para aprobar las modificaciones a su Constitución y a las leyes “orgánicas”, entre ellas, el sistema electoral binominal, le permite a la derecha una sobre-representación en el Congreso Nacional principalmente a costa de la izquierda y también de la concertación, pues con sólo un 33% de la votación nacional puede alcanzar cerca de la mitad de los asientos en el Congreso. Con esa minoría la derecha puede bloquear toda iniciativa legal que necesite altos quórum para aprobarse. Por su lado, los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos aceptaron lo que llaman “el consenso democrático”, una especie de co-gobierno tácito que se traduce en legislar con el acuerdo de la derecha. El consenso se materializa en un cuoteo constante de los cargos en la Corte Suprema, la Televisión estatal, el Banco Central y otros servicios públicos. La cúpula empresarial generalmente propone la agenda que los ministros después aplican. Aún cuando los partidos de la concertación cuentan con una innegable base de apoyo popular, para al cual poco se toma en cuenta, su desgaste es indiscutible. En las dos últimas elecciones presidenciales la concertación ha debido someterse a la segunda vuelta y requerido del menor, pero decisivo apoyo de la izquierda opositora para superar a la derecha y mantenerse en el gobierno. Los grupos o corrientes de izquierda dentro de los partidos gobernantes son débiles e inestables y, aunque formulan críticas y propuestas justas, tienen escasa influencia en las decisiones gubernamentales. Cuando estos parlamentarios se rebelan, el gobierno recurre a los votos de la derecha para hacer aprobar sus leyes. Más que de centro izquierda, los gobiernos de la concertación han sido de centro-derecha.
La reestructuración y modernización capitalista en Chile está sustentada en varios factores: Un aumento de la productividad que crece muy por encima de aumento de los salarios, lo que reduce continuamente la proporción de éstos en el valor agregado; una superexplotación de trabajadores informales desprovisto de derechos; la destrucción sistemática de bosques naturales, recursos pesqueros, agotamiento de minerales y el empeoramiento del medio ambiente; una política estatal de subsidios y privilegios al capital, excepcionalmente favorable en el marco mundial. La reestructuración neoliberal ha sido profunda y no será fácil de revertir. Sin embargo, sus consecuencias sociales son innegables: alta y crónica falta de trabajo entre los jóvenes a pesar de su mayor escolarización, bajos salarios, despidos arbitrarios y otros abusos, extenuantes jornadas, múltiples y escandalosas desigualdades, crecimiento de la delincuencia, deterioro de la convivencia familiar, temor al futuro. Ya está reconocido que Chile tiene una de las peores distribuciones del ingreso nacional en el mundo. No obstante como lo demuestran numerosos estudios sociales, las continuas protestas y movilizaciones y como lo confirmó el debate electoral, ahora hay más conciencia en la gran mayoría de los chilenos que los duros sacrificios que soportan sobre todo en términos de calidad de vida, sólo sirven a una minoría que se enriquece ostentosamente.
El cuarto gobierno de la concertación, presidido por Michelle Bachelet con su historial de víctima y luchadora contra la dictadura, ha creado esperanzas en diversos círculos, abonadas con la espectacular mejoría del precio del cobre y de otras materias primas en el mercado mundial. A ello se agrega una mayor presencia de la izquierda extraparlamentaria en el escenario político por la creación del Juntos Podemos Más, y la nueva mayoría para la concertación, en ambas ramas del Congreso. Sin embargo, en los pocos meses en el cargo, Michelle Bachelet ha enfatizado más los rasgos de continuidad que los de cambio. Continuidad con los gobiernos anteriores en materias económicas, por lo cual designó entre sus principales ministros a tecnócratas formados en la línea neoliberal, para gran satisfacción de los círculos financieros y empresariales. Se advierte continuidad en las relaciones con el gobierno de Bush en materias como el ALCA y la globalización neoliberal, sin cuestionar tampoco sus acciones agresivas en la arena mundial. Se continúa en la búsqueda de acuerdos parlamentarios con la derecha para las reformas prometidas. No obstante, la Presidenta es deudora de compromisos concretos sobre algunas reformas democráticas, como el sistema binominal, los fondos de pensiones y relaciones laborales. Es cierto que ha dado algunas señales positivas en derechos humanos y en las relaciones con nuestros vecinos, principalmente con Bolivia. Dependerá de las fuerzas y organizaciones sociales y de izquierda hacer pesar su influencia de masas para que se cumplan los cambios que el pueblo espera.
Propuestas de izquierda en el continente
Lo que a continuación se propone es examinar el programa y las acciones de las fuerzas de izquierda para sacar a nuestros países del marco neoliberal en que se encuentran atrapados y avanzar hacia la superación de la pobreza, las desigualdades, el atraso, la exclusión y la dependencia. Se trata de saber cuáles son los pasos necesarios para avanzar en la dirección hacia la nueva sociedad. Para muchos de nosotros, ella es el socialismo y para otros puede tener otros nombres, pero sobre el contenido hay similitudes y divergencias superables sobre la marcha. Por cierto, esta es una tarea que deben resolver los propios actores de cada país, líderes gubernamentales, partidos revolucionarios y progresistas, movimientos sociales. No se trata de inventar fórmulas generales, iguales para todos sino partir de las demandas y necesidades comunes a todos nuestros pueblos pero que se expresan de manera distinta en cada caso. Habrá que probar nuevos caminos y prestar especial atención a la propia experiencia de éxitos y fracasos.
La estabilidad política y la seguridad ciudadana.
Garantizar la estabilidad política y el orden público contra las amenazas de subversión de las fuerzas reaccionarias internas y externas, son obligaciones prioritarias del gobierno de izquierda. Esto implica asegurar en todo momento el sometimiento de las fuerzas armadas, la policía, los tribunales, los servicios de inteligencia a la ley y a sus autoridades legítimas. Para eso se necesita el apoyo popular activo y organizado. Peligros de golpes de estado, dictaduras reaccionarias o retrocesos seguirán existiendo. Por eso, tienen una gran trascendencia para nuestro continente las movilizaciones decididas del pueblo venezolano, junto a sus fuerzas armadas democráticas, que permitieron derrotar el golpe de estado del 2002, el boicot petrolero, los paros patronales y los atentados criminales que amenazaron la continuidad de la revolución bolivariana en los años pasados. Como lo ha reiterado el Presidente Chávez hay que estar preparados para nuevas amenazas.
Asegurar el funcionamiento del orden público es indispensable para llevar adelante el programa económico y social. La desestabilización provoca retrocesos graves en la economía, detiene su crecimiento o recuperación y demora el mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. También tiene importancia política el combate a la delincuencia, demanda muy sentida por numerosos estratos sociales. Es cierto que la parte del pueblo más combativo y sufrido, es capaz de comprender y aguantar las consecuencias de la desestabilización, pero en otro sector puede cundir el desánimo y su deserción o abstención por minoritaria que sea, puede ser decisivo en las urnas. Entre otros, la derrota de los sandinistas en 1990, después de un decenio de gobierno, es uno de los varios ejemplos que ilustran esta verdad.
Una política nacional, continental y mundial independiente.
Vivimos en el continente una inevitable confrontación entre la política imperial de los EE.UU. y las necesidades de nuestras naciones, ser libres e independientes para construir nuestro destino o someternos a la voluntad ajena. La historia contemporánea abunda en ejemplos brutales de intervención norteamericana en nuestras políticas internas. Han pagado caro los políticos que creyeron obtener trato privilegiado para su país, entregando la soberanía y apartándose de la hermandad latinoamericana.. Podrá haber diferencias de estilo entre las administraciones republicanas y demócratas; pero, hay un consenso dominante en la clase gobernante: América Latina debe tener gobiernos incondicionales o aliados confiables, de lo contrario, serán combatidos, sin detenerse ante medios encubiertos, ilícitos o inmorales. Nuestra disyuntiva es mantenernos como patio trasero o levantar casa propia; formar parte de un solo territorio de Polo a Polo controlado por EE.UU. , sus capitales y normas o bien construir nuestra propia integración económica, cultural y política. En dos palabras la alternativa es panamericanismo o latinoamericanismo. Ahora la globalización no da tiempo ni espacio para la indefinición.
Ante el cúmulo de tratados, convenios, acuerdos y otras formas de sometimiento a Washington o a Wall Street será difícil deshacerse de ellos de un plumazo. Se necesitará tiempo para revisarlos, modificarlos, si es posible de común acuerdo, o de lo contrario, desahuciarlos, cuando sea el momento adecuado. Pero, desde ya hay que cerrarle el paso a toda ingerencia o imposición a la soberanía nacional, en la economía como en la seguridad interna. (No olvidamos que en Chile, desde nuestro propio Ministerio de Defensa, los adictos militares norteamericanos y otros “especialistas” ejercieron directa intervención en la preparación del 11 de Septiembre) Graves peligros trae la aceptación de bases militares estadounidense, peor si incluyen prerrogativas de impunidad. Las operaciones, ejercicios y maniobras militares conjuntas, así como los cursos de entrenamiento son también recursos que se han demostrado perniciosos para la formación de nuestros ejércitos. Así también lo es la dependencia de pertrechos de una sola fuente. Las posibilidades de contar con una industria de armamentos latinoamericana debieran impulsarse.
Crecen los sentimientos nacionales contra el ALCA o contra los tratados bilaterales de libre comercio o inversiones con Washington. Deben ser respaldados desde los gobiernos. Los plebiscitos debieran dirimir la decisión final. Entretanto debemos avanzar en la materialización de los acuerdos de cooperación entre nuestros países. Los tratados subregionales de libre comercio, como el MERCOSUR y otros necesitan profundas reformas, ampliarse a otras esferas como la financiera, cultural y política y de participación de la sociedad, la coordinación productiva, de inversiones y mecanismos de solución de controversias. La recién creada Comunidad Sudamericana de Naciones no debe quedar sólo en el papel. El ALBA, impulsado por el Presidente Chávez, cuyos principios de solidaridad y cooperación se están llevando a la práctica en las relaciones entre Cuba y Venezuela, muestra el camino de complementación y beneficio mutuo que de extenderse nos favorece a todos. Los acuerdos y convenios de cooperación en materias concretas, de Venezuela con Argentina, Brasil, Uruguay son positivos. Están las propuestas venezolanas como Petrosur, Telesur, el Banco del Sur y el gasoducto del Sur. Una tarea prioritaria es resolver los conflictos fronterizos como el de Chile con Bolivia o superar los nuevos como el de las papeleras, entre Argentina y Uruguay. Se requieren mecanismos jurídicos para solventar las diferencias. Es indispensable un trato equitativo y formas de ayuda a los países más pobres o más atrasados, o a los más pequeños, lo que parece no ha ocurrido en los casos de Uruguay y Paraguay. La formación de un frente común para tratar asuntos con terceros, tales como la Deuda Externa o la relación con los organismos internacionales tipo FMI, Banco Mundial y OMC, se hace cada vez más necesaria, a medida que las grandes potencias quieren imponer sus conveniencias exclusivas. Incluso el frente común con otras naciones subdesarrolladas, en el que se han dado los primeros pasos resulta altamente conveniente y permite en todo caso mejores resultados que las negociaciones por separado. Nos empeñamos por un giro en la política exterior chilena que hasta ahora ha estado de espaldas al continente, ha reducido su atención a asuntos puntuales y aceptado acríticamente la globalización transnacional.
La defensa de nuestros recursos naturales
Contra la opción neoliberal de desnacionalizar y privatizar nuestros recursos naturales, la izquierda levanta la recuperación para la nación de su propiedad y administración. Venezuela lleva adelante en esta materia una política ejemplar. La “nacionalización” del petróleo durante C.A. Pérez dejó amplios márgenes para revertirla en los gobiernos posteriores, bajo los cuales las transnacionales se apropiaron de grandes reservas y la industria estatal fue saqueada por administraciones corruptas, mientras su aporte al estado fue reduciéndose. Chávez detuvo los procesos encubiertos de privatización, obligó a las compañías privadas a convertirse en empresas mixtas con mayoría accionaria y control del estado, aumentó el royalty o pago de regalías del 1% al 16% y elevó del 35% al 50% el impuesto sobre las ganancias. Pdvesa, la empresa estatal mejoró su administración e ingresos, más allá del alza del precio del petróleo y aumentó los aportes al estado que se han convertido en financiamiento de proyectos e inversiones sociales y productivas. A la vez, el gobierno bolivariano revirtió la tendencia pronorteamericana de boicotear a la OPEP adoptada por los gobiernos anteriores y, por el contrario, reforzó sus vínculos con los otros productores. Al mismo tiempo practica una política de solidaridad con los países de Centroamérica y el Caribe y ofrece cooperación a las naciones del cono sur.
El ejemplo venezolano se extiende. En Bolivia, antes del ascenso de Morales ya se aprobó una ley mediante la cual se les aumentan los impuestos a 26 compañías extranjeras que extraen hidrocarburos, cuya producción estará controlada por el estado. Bolivia ha dado otro paso trascendental al nacionalizar sus hidrocarburos, sometiendo a las petroleras a los intereses del estado. En Ecuador se discute una ley para recabar mayor participación del estado en la industria. En Argentina, Kirchner mantiene una pugna con las compañías privatizadas por la fijación de los precios internos, las restricciones a la exportación de gas en aras del consumo nacional y por el incumplimiento de los contratos de inversiones. Al mismo tiempo creó la empresa estatal Enarsa que se propone tener un activo papel en la industria energética.
En Chile, en cambio los gobiernos de la concertación legitimaron las normas pinochetistas contrarias a la constitución vigente, para privatizar enormes reservas de cobre, oro, molibdeno, plata y otros metales, de propiedad del estado. Hoy cerca del 70% del cobre extraído se exporta sin ninguna elaboración por transnacionales, las que cancelan con bajos impuestos o sin pagar nada, gracias a los vacíos legales y a la falta de control. La lucha de la izquierda ha logrado hasta ahora preservar la estatizada Corporación del Cobre de los múltiples intentos de privatizarla e implantar por primera vez un royalty, reducido por el congreso nacional a menos de un 1%. La Presidente se ha comprometido a no privatizar Codelco, pero, a mantener el privilegiado estatuto de las compañías privadas. Nada ha dicho de eliminar el tributo a Codelco de exclusivo beneficio para las Fuerzas Armadas que les ha permitido financiar un enorme gasto armamentista, mientras se niegan los recursos para necesidades sociales.
La batalla por nuestras riquezas naturales se amplía hoy a la recuperación para la nación de las fuentes acuíferas, bosques nativos y de las empresas privatizadas del agua potable y alcantarillado, a la preservación, limpieza o descontaminación de las costas, lagos y ríos, bosques naturales y aire, en defensa de la vida de los campesinos, indígenas pescadores y pobladores urbanos que son sus principales víctimas. En todo el continente proliferan estos conflictos, con ejemplos notables de victorias populares como en Cochabamba por la reconquista del agua potable o en Uruguay por la defensa de las empresas públicas. En Chile, dos grandes proyectos transnacionales destinados a arrasar con el valioso bosque nativo en Tierra del Fuego y Puerto Montt fueron cancelados gracias a la lucha de masas. La planta de celulosa que contaminó el río Cruces y ocasionó la muerte masiva de cisnes es una batalla que aún prosigue, como también el intento de la Barrick Gold de arrasar con las reservas acuíferas y auríferas de Pascua Lama o la intención de las eléctricas que pretenden usar las privatizadas fuentes de agua para inundar valiosas tierras vírgenes en Aysén.
Políticas financieras, monetarias y fiscales
La reorientación del crecimiento hacia un desarrollo cualitativo y la necesidad de reducir la pobreza, exige un cambio en las políticas neoliberales que campean en el área financiera. Estas favorecen la concentración y aprovechamiento de enormes activos ajenos para la manipulación de grupos privados nacionales o extranjeros. Estos grupos han acrecentado su poder y riqueza, gracias a las privatizaciones de bancos estatales, a cuantiosos subsidios fiscales a grupos privados en bancarrota, o a la administración privada de fondos de pensiones o de salud, de seguros obligatorios y de depósitos o títulos de pequeños ahorrantes o inversionistas. La ganancia o renta financiera ahoga la producción.
La supuesta autonomía de los Bancos Centrales del gobierno se ha convertido en una dependencia de los tecnócratas que los administran, según las conveniencias de los banqueros privados y otros grupos financieros. Esto se revela en la política cambiaria, sea del tipo fijo o libre flotación, la que en algunos momentos casos favorecen a los grandes importadores y en otras, a los grandes exportadores. Problemas como el desempleo, la escandalosa distribución de los ingresos y la pobreza no interesan a los ejecutivos de los bancos centrales, en cambio, en aras de sus concepciones neoliberales se oponen a los aumentos salariales y favorecen los incrementos de las ganancias privadas. En la fijación de las tasas de interés con que el Banco Central presta a los bancos privados, éstos se aprovechan para aumentar sus propios márgenes que cargan principalmente a sus deudores medianos o pequeños o a los consumidores en las compras a plazo. Una dura pugna se planteó entre el gobierno venezolano y el directorio del banco central en torno a la política monetaria, la administración de reservas de divisas, la política de importaciones y otros asuntos. Finalmente la doctrina de la autonomía fue dejada de lado y la política del banco se somete a las directrices gubernamentales. En Argentina, el banco central bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa, fue incapaz de advertir y prevenir la grave crisis que se avecinaba por las políticas recomendadas por el FMI. Sólo después que éstas fueron desechadas, especialmente la llamada convertibilidad” y el tipo de cambio fue devaluado y ajustado, pudo el país entrar en una decidida recuperación.
Es evidente que el estado debe tener facultades amplias de control y orientación del sistema financiero. Debe moderar las altas ganancias de estos capitales basadas en el costo excesivo de las comisiones e intereses que cargan a los usuarios modestos, reducir mediante controles estrictos la especulación bursátil y cambiaria, la fuga de capitales al exterior, el lavado de dinero, sea del narcotráfico, de fraudes, operaciones ilícitas o por la evasión tributaria. La historia de muchos de nuestros países recomienda aumentar la capacidad de los bancos o corporaciones financieras estatales, sea para financiar el crédito a largo plazo para inversiones productivas, especialmente de interés nacional, para el apoyo a las pymes, o al crecimiento de regiones y localidades atrasadas o empobrecidas. Las nuevas instituciones creadas por el gobierno bolivariano – como el Banco de la Mujer- son dignas de observar; también el impulso dado al Banco del Desarrollo del Nordeste de Brasil para inversiones públicas.
Las políticas financieras y presupuestarias requieren cambios. Desde luego no se trata de incurrir en déficit insostenibles ni en saldos negativos en la balanza de pagos, por gastos excesivos, ni menos una expansión irracional del dinero circulante. El control de la inflación en rangos de un dígito, es posible y necesario, pero aplicando nuevos métodos que ataquen la especulación y los poderes monopólicos, apoyen la acción concertada de los consumidores, aseguren el aumento de la inversión en la producción deficitaria y desalienten el consumismo y el endeudamiento excesivo. Velar por el equilibrio de la balanza de pagos, asegurar el mantenimiento de reservas adecuadas de divisas, sostener el tipo de cambio a niveles que protejan la producción nacional y las exportaciones de la competencia desleal del exterior son objetivos que ayudan a la independencia económica y se pueden lograr mejor con una intervención preventiva apropiada del estado y no cuando las crisis financieras están desatadas. El equilibrio fiscal debe ser un objetivo en el mediano plazo y no necesariamente anual, por lo que es innecesario mantener ociosos grandes superávits en las cuentas fiscales. Donde es posible políticamente, lo mejor es la condonación de la deuda externa. Pero también puede renegociarse como lo impuso Allende contra la voluntad de Nixon, sin aceptar condicionamientos y con netos beneficios al país.
En una situación económica mundial favorable, el continente se ha favorecido con el aumento de los precios de sus materias primas y el repunte de sus exportaciones. Pero las políticas macroeconómicas y sus resultados no han sido iguales para todos. Desechando los criterios neoliberales, el gobierno de Chávez ha avanzado en reducir los fuertes desequilibrios macroeconómicos heredados y causados por el sabotaje petrolero. El PIB se recuperó en el 2004 y creció en el 2005 en 9%, siendo el más alto en el continente, mientras el sector no petrolero lo hizo todavía a un ritmo mayor. La inflación se ha reducido aunque todavía es más de un dígito, la desocupación sigue en baja, hay un alto superávit en la balanza de pagos, las reservas continúan aumentando. Se dictaron nuevos controles y normas para los bancos privados. El gobierno de Kirchner consiguió una notable recuperación de la producción agrícola e industrial desde la profunda crisis que dejó el neoliberalismo, pero el verdadero auge recién comenzaría en el 2006, si se mantienen las altas tasas de crecimiento del PIB. Ha sostenido un tipo de cambio favorable al país, aumentado sus reservas externas y conseguido un fuerte superávit fiscal, aunque la inflación se torna amenazante. Obtuvo una importante reducción de su endeudamiento externo con los acreedores privados, pero la cancelación anticipada de la deuda total con el FMI, sin descontar los costos que éste le infringió al país ha sido fuertemente criticada. En Brasil, la política financiera y presupuestaria siguió hasta ahora apegada a los lineamientos del FMI, aunque las privatizaciones se han detenido. Es cierto que logró un importante superávit de la balanza de pagos, aumentó la reserva de divisas, pero destinó buena parte de ella a cancelar anticipadamente la deuda externa con el FMI, antes que a inversiones públicas y otras demandas sociales. La inflación se ha reducido. Pero, el crecimiento del PIB ha sido pobre, frenado por una alta tasa de interés y una política presupuestaria restrictiva destinada a sostener los excesivos superávits fiscales, exigidos por el FMI. En Uruguay se mantienen vigentes los criterios impuestos por el FMI, que obligan a priorizar el pago de su enorme deuda externa. A la vez se aprobó el Tratado de Protección de Inversiones con EE.UU que otorga privilegios al capital norteamericano.
Políticas presupuestarias y sociales
Una de las primeras decisiones que deben adoptar los gobiernos de izquierda es la reestructuración del presupuesto público. Hay que cambiar las prioridades y dar señales fuertes del cambio, a pesar de las obvias limitaciones de corto plazo fijadas por las leyes vigentes, la necesidad de evitar déficit elevados y los endeudamientos condicionados con los organismos internacionales. La inversión social pasa a ser prioritaria. El gobierno venezolano incrementó fuertemente el presupuesto de educación y cultura, logrando desde ya un gran éxito en la liquidación del analfabetismo, en la ampliación de la cobertura escolar gratuita con prestaciones alimenticias. Otro tanto se ha avanzado en la expansión de los servicios de salud hacia los sectores más pobres de las ciudades y hacia zonas rurales abandonadas. En ambos casos ha contribuido el decisivo aporte de Cuba. Son importantes los programas de apoyo a los trabajadores cesantes, por cuenta propia, con créditos apropiados para nuevos emprendimientos. Evo Morales se inició con un fuerte recorte de las remuneraciones de los cargos públicos principales y elevó los precios a los hidrocarburos exportados. En Brasil, se puso en práctica los programas Hambre Cero, Bolsa Familiar, Valorización de la Agricultura Familiar y Microcréditos que, pese a sus insuficiencias, han tenido efectos favorables para los pobres. En Argentina se amplió el subsidio a los Jefes de Hogar desempleados, pero éste y otros programas sociales resultan todavía muy insuficientes. En Uruguay está en marcha el Plan de Emergencia para Indigentes y se aumentó fuertemente el presupuesto de educación. En Venezuela se lleva adelante la reforma tributaria, con fines de recaudación y de equidad, mediante la cual disminuyó la tasa del IVA, no obstante aumentó la recaudación de los impuestos a las empresas, gracias también a un fuerte control de la evasión. En los otros países esa reforma con fines de equidad está pendiente.
En Venezuela, Brasil y Argentina el desempleo viene disminuyendo, pero lentamente y es aún elevado. Se requiere un efectivo seguro de desempleo y otras medidas de fondo. Los indicadores de pobreza e indigencia han bajado, sobre todo desde los peores momentos de las crisis, pero siguen siendo altos. Menos notoria, y además por falta de datos más recientes, ha sido la disminución de la desigualdad y concentración de los ingresos. En Venezuela diversas políticas apuntan a ese objetivo. Son positivos algunos cambios operados en las relaciones laborales, pues, en varios de esos países se está recuperando el valor del salario mínimo, la afiliación a los sindicatos y los trabajadores organizados están retomando protagonismo, hay aumento en los salarios y mejores convenios colectivos. Algunas reformas legislativas favorables ya se han introducido en Venezuela, Brasil y Uruguay, con un mayor compromiso del estado a favor de los asalariados. Nuevos y más eficaces métodos de lucha de los trabajadores han aparecido, junto a una mayor independencia de las cúpulas sindicales. La reactivación de empresas paralizadas, en bancarrota o abandonadas por sus dueños, ha dado auge a las formas de propiedad cooperativa o de autogestión de los trabajadores, especialmente en Argentina y Venezuela que merecen el apoyo estatal. Finalmente en materia de derechos humanos y sociales, es importante el clima y las medidas adoptadas para esclarecer la verdad e imponer la justicia, en algunos de estos países. Es valiosa la nueva legislación y la política a favor de las comunidades indígenas que está operando en Venezuela. En materia agraria es fundamental la redistribución de la tierra, la entrega a los trabajadores del campo de tierras ociosas, el apoyo la protección social de las familias campesinas y a su desarrollo productivo, facilidades de comercialización. Venezuela está avanzando en todos estos objetivos, tanto mediante los cambios legales como en el apoyo en recursos. En Brasil, las organizaciones de los sin tierra reclaman con razón por el incumplimiento de las promesas y metas contraídas, un país en el cual la concentración de la propiedad es abismante. Dada la resistencia violenta de los terratenientes y sus bandas armadas con la complicidad de funcionarios públicos que se manifiesta en Brasil y Venezuela, es justo el reclamo de una acción más enérgica del estado para imponer el orden en apoyo de los campesinos. Otros sectores sociales perjudicados por el modelo neoliberal son la tercera edad y los mini y pequeños empresarios. La privatización de los fondos de pensiones debe detenerse, y reintroducirse reformas para un sistema más solidario, con aportes tripartitos, una administración de las pensiones sin fines de lucro, incorporar el sistema de reparto y utilizar los excedentes para la inversión social y productiva dentro del país y no para la especulación bursátil. El derecho a la pensión por vejez o invalidez debe ser universal.
Proyecto Nacional de Desarrollo, planificación, reindustrialización.
Una contraposición sustancial con la visión neoliberal es la que opone “el mercado libre” con la necesidad de nuevas métodos de planificación. En consonancia con ese criterio, la planificación, especialmente de mediano y largo plazo ha sido virtualmente eliminada o reducida a tareas circunstanciales o locales. Esto se ilustra con el papel autoritario que cumple el Ministerio de Hacienda en muchos países, como en el caso de Chile, en los que actúa como ejecutor de las demandas del capital y muro de las reivindicaciones sociales. Lo que se requiere es un papel más central y orientador de los ministerios de planificación que traduzcan en cifras las necesidades sociales y productivas del país, los recursos disponibles, plantee las tareas y metas a alcanzar y los mecanismos de control de su cumplimiento. No se trata de reeditar la planificación centralizada que lo decide todo, la cual es útil en tiempos de guerra o de emergencia. Pero en tiempos normales la planificación administrativa que pretende sustituir por completo a todos los demás actores, resultó profundamente dañina. Los consumidores, las pymes, los trabajadores, las regiones y localidades, las universidades, los profesionales y otros participantes del proceso económico deben expresar sus necesidades. Mercados regulados, controlados y crecientemente equitativos pueden ser un complemento de una planificación democrática.
En muchos de los programas de izquierda hoy se instala el concepto de proyecto nacional de desarrollo (o también proyecto de desarrollo nacional) Es la alternativa al modelo neoliberal que se niega a elaborar un proyecto de país y todo lo deja a la iniciativa del capital nacional o transnacional. En este proyecto está la concepción de un compromiso nacional, por tanto conocido, discutido y aprobado por los ciudadanos, para los cuales debe ser un derecho y un deber participar en su elaboración. Lo concebimos, no sólo como un programa de gobierno para unos pocos años, sino como un proyecto de largo plazo, con metas que requerirán decenios para materializarse, pero que en el camino nos permitirá saber si nos acercamos o nos alejamos de su cumplimiento. Será necesario sancionarlo como ley fundamental, por medio de plebiscito de modo que la mayoría nacional lo respalde. En armonía y coordinación con el proyecto nacional deben estar los procesos de integración latinoamericana que se vayan alcanzando en el continente. Del mismo modo, a nivel regional, local o comunal, se deben establecer mecanismos de consulta y decisión, como son entre otros, los conocidos presupuestos participativos existentes en diversos municipios.
En el concepto de proyecto nacional está la idea de ”desarrollo” y no de simple “crecimiento” del Producto Interno Bruto, la necesidad de contabilizar los costos y pérdidas por el deterioro ambiental, el concepto de industrialización o reindustrialización para expresar la superación de la etapa de simples productores y exportadores de materias primas en bruto o exportadores de trabajo sobreexplotado y no calificado, para pasar a una etapa superior de productos y servicios con mayor valor agregado y con mayor componente tecnológico. De allí la importancia de reemplazar gradualmente la dependencia absoluta de los mercados de los países ya industrializados por una amplia diversificación geográfica, en la que Asia ya ocupa un lugar importante para nuestros productos. Merece también el impulso de iniciativas innovadoras, el mercado común integrado de América Latina que puede ser la suma potenciada de cada uno de nuestros mercados nacionales.
Finalmente, en el proyecto nacional de desarrollo, un nuevo tipo de estado democrático con facultades y recursos suficientes debe cumplir el rol de motor e impulsor de los cambios, mediante, entre otras atribuciones, la de crear un conjunto de empresas públicas en los sectores estratégicos de la economía. Esta es otra idea fuerza, diametralmente contraria a la teoría y la práctica neoliberal. Ésta abomina del estado en cuanto a sus funciones como la promoción del desarrollo nacional independiente o proveedor de servicios sociales. El neoliberalismo concibe al estado ante todo como protector y estimulador del capital monopólico, dispuesto a asegurarle ganancias elevadas, al costo para todos los demás ciudadanos, de subsidios, ventajas tributarias y legales exclusivas.
Las reformas políticas del siglo XXI
El fin de las dictaduras de los ochenta no trajo regímenes democráticos auténticos y consecuentes. La desilusión ciudadana con los regímenes representativos no es una nostalgia hacia las formas dictatoriales, sino la demanda de democracias “efectivas” que atiendan los problemas económicos y sociales diarios que angustian a las masas. En diversos programas izquierdistas del continente se establece la consigna de sustitución total o reforma de fondo de la constitución vigente. No hay confianza que los actuales congresos legislativos, por la forma que son elegidos y por el predominio en ellos de personeros vinculados al gran capital, puedan o quieren introducir las demandas democráticas necesarias. La idea de asambleas constituyentes elegidas democráticamente para redactar nuevas constituciones gana terreno. La iniciativa de Chávez que culminó en una nueva constitución democrática para Venezuela, extensamente discutida por vastos sectores ciudadanos, ha sido una valiosa contribución a nuevas formas de democracia participativa. En Bolivia se abre paso la exigencia de asamblea constituyente. Las nuevas constituciones deben garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, las demandas de reconocimiento de los pueblos indígenas, eliminar las limitaciones injustas para elegir y ser elegido, el derecho a plebiscito nacional y local para aprobar o rechazar leyes importantes, el derecho de los ciudadanos de revocar los mandatos de sus representantes en cualquier momento, la limitación de las funciones de los tribunales constitucionales que se colocan por encima de la soberanía popular, asegurar la justa reparticipación de beneficios y obligaciones a las regiones y localidades, elevar la autonomía de éstas sin perder la unidad del estado. Son también necesarias las reformas para sancionar delitos políticos como los atentados o golpes contra la democracia, los delitos económicos como el enriquecimiento ilícito, la democratización del poder judicial, la función social que debe cumplir la propiedad privada, la regulación de los medios de comunicación para que sirvan como medios de cultura y de valores humanistas, una nueva y clara orientación hacia la integración voluntaria y equitativa de América Latina.
* Ex Ministro de Economía del Gobierno del Presidente Allende
